1.-COMPETITIVIDAD
La ley fija una ley marco de principios para la buena regulaci贸n econ贸mica y una reducci贸n de cargas administrativas.
Para potenciar una mayor competitividad y mejorar el funcionamiento de la Administraci贸n P煤blica el Gobierno insta a las Administraciones P煤blicas a limitar el d茅ficit hasta el 3%. La Ley modifica el funcionamiento de organismos reguladores de los sectores de telecomunicaciones, energ铆a y postal dot谩ndolos de una mayor transparencia.
Con el objetivo de reducir las cargas administrativas, se agiliza la contrataci贸n p煤blica acortando los plazos y simplificando la burocracia. Las Administraciones P煤blicas pagar谩n en 30 d铆as y no en 60 como sucede actualmente. La Ley contempla tambi茅n medidas para favorecer la creaci贸n de empresas reduciendo costes y plazos.
La creaci贸n de una empresa con una sociedad de responsabilidad limitada de capital entre 3.000 y 3.100 euros se constituir谩 en un d铆a y tendr谩 un coste de 100 euros.
La creaci贸n de una empresa con una sociedad responsabilidad limitada con capital entre 3.100 y 30.000 euros se constituir谩 en 5 d铆as con un coste m谩ximo de 250 euros.
El Gobierno incluye en el ordenamiento algunas recomendaciones de los organismos internacionales para exigir pol铆ticas de remuneraci贸n de las entidades de cr茅dito coherentes con una gesti贸n del riesgo prudente y eficaz y para incrementar la transparencia y mejora del gobierno corporativo de las empresas no financieras. Tambi茅n se refuerza la transparencia de las entidades de cr茅dito, al imponer un mayor control de las remuneraciones de sus ejecutivos y aumentar los impuestos para las retribuciones irregulares plurianuales superiores a los 600.000 euros. Por 煤ltimo, se incluyen medidas de mejora de la tutela en los mercados de seguros y fondos de pensiones.
El Gobierno incluye en el ordenamiento algunas recomendaciones de los organismos internacionales como reforzar la capacidad de supervisi贸n del Banco de Espa帽a y la ampliaci贸n de las obligaciones de informaci贸n de las entidades financieras. Y se refuerza la transparencia en las empresas al imponer un mayor control de las remuneraciones de los ejecutivos y aumentar los impuestos para las retribuciones plurianuales superiores a los 600.000 euros.
