1.-COMPETITIVIDAD

La ley fija una ley marco de principios para la buena regulación económica y una reducción de cargas administrativas.

Para potenciar una mayor competitividad y mejorar el funcionamiento de la Administración Pública el Gobierno insta a las Administraciones Públicas a limitar el déficit hasta el 3%. La Ley modifica el funcionamiento de organismos reguladores de los sectores de telecomunicaciones, energía y postal dotándolos de una mayor transparencia.

Con el objetivo de reducir las cargas administrativas, se agiliza la contratación pública acortando los plazos y simplificando la burocracia. Las Administraciones Públicas pagarán en 30 días y no en 60 como sucede actualmente. La Ley contempla también medidas para favorecer la creación de empresas reduciendo costes y plazos.

La creación de una empresa con una sociedad de responsabilidad limitada de capital entre 3.000 y 3.100 euros se constituirá en un día y tendrá un coste de 100 euros.

La creación de una empresa con una sociedad responsabilidad limitada con capital entre 3.100 y 30.000 euros se constituirá en 5 días con un coste máximo de 250 euros.

El Gobierno incluye en el ordenamiento algunas recomendaciones de los organismos internacionales para exigir políticas de remuneración de las entidades de crédito coherentes con una gestión del riesgo prudente y eficaz y para incrementar la transparencia y mejora del gobierno corporativo de las empresas no financieras. También se refuerza la transparencia de las entidades de crédito, al imponer un mayor control de las remuneraciones de sus ejecutivos y aumentar los impuestos para las retribuciones irregulares plurianuales superiores a los 600.000 euros. Por último, se incluyen medidas de mejora de la tutela en los mercados de seguros y fondos de pensiones.

El Gobierno incluye en el ordenamiento algunas recomendaciones de los organismos internacionales como reforzar la capacidad de supervisión del Banco de España y la ampliación de las obligaciones de información de las entidades financieras. Y se refuerza la transparencia en las empresas al imponer un mayor control de las remuneraciones de los ejecutivos y aumentar los impuestos para las retribuciones plurianuales superiores a los 600.000 euros.